Yerba Mala |
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1.- COMPLICIDADES. Sorprendido por la divulgación del cuestionario que venía levantando el secretario de Gobierno entre los trabajadores de la administración estatal, una de cuyas preguntas indaga por la filiación política del laborante, el gobernador del Estado, Juan Carlos Romero Hicks, ha entrado en barrena. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define así esta expresión de la aeronáutica: Empezar a descender verticalmente y en giro (un avión), por faltarle, deliberadamente o por accidente, la velocidad mínima indispensable para sostenerse en el aire. No podría describirse de mejor manera lo que le viene sucediendo al mandatario en el afán de liberar a Samuel Alcocer, su secretario de Gobierno, de cualquier responsabilidad por el grave lío en el que se metió. Romero desechó primero que existiera un cuestionario con esas características, después aceptó su existencia pero reprobó la pregunta sobre la filiación política, ahora regaña a quien divulgó la noticia, fiel a su costumbre, y arma explicaciones que no se sostienen. Lo peor de todo es que, según opinión de muchos trabajadores indignados con el cuestionamiento sobre sus preferencias políticas, Alcocer no merecería un trato tan privilegiado, ya que el exceso cometido se debió a una gran dosis de protagonismo personal y a la intención, injustificada a estas alturas, de buscar permanecer en el cargo que ocupa. Es decir, Samuel Alcocer no realizó este plan en función de cumplir con el encargo que le encomendó su actual jefe, sino con miras a quedar bien con quien podría ser su próximo patrón. Puede ser oportunismo, puede ser deslealtad, pero sobre todo parece una gran torpeza. Por eso, quizá, no se entiende el empeño de Romero Hicks en solaparlo, pues no parece haber otra palabra para definir su actitud. El secretario de Gobierno ha sido desleal por partida doble: primero, por jugar por la libre y descuidar las delicadas tareas de la dependencia que encabeza, la encargada de las relaciones políticas de la administración; en segundo lugar, por asumir la conducta del avestruz y dejar que sea su patrón, tan malamente servido por él, quien le componga la plana. El gobernador declaró ayer: Estamos haciendo un inventario de recursos humanos y queremos tener la información actualizada, ese es uno de los 78 anexos que estamos viendo en el proceso de entrega recepción, alguien por ahí puso alguna imprecisión y tiene alguna confusión personal. En cambio, lo que no explica el siempre puntual titular del Ejecutivo es por qué el inventario del personal del gobierno estatal no le fue encomendado a la Dirección General de Recursos Humanos, ubicada en la secretaría de Finanzas y Administración, a cargo de José Iñaki Estrada Palero, un funcionario reconocido por su capacidad técnica y su eficiencia. Que el padrón de recursos humanos lo realice la Secretaría de Gobierno no deja de tener connotaciones eminentemente políticas, además de que significaría una distracción imperdonable para el titular de una dependencia que tiene importantes responsabilidades en el cierre de la administración. Si Juan Carlos Romero aprobó el plan, podría tratarse de un error. Si simplemente está tratando de encubrir la torpeza de su subalterno, podría incluso ser algo más grave. De alguna manera Alcocer no tuvo nunca posibilidades de trascender al
actual sexenio, donde en el puesto más relevante que le fue otorgado se
encargó rápidamente de poner en relieve su incapacidad. Sin embargo, Juan
Carlos Romero Hicks sí que tiene un futuro promisorio ante sí en el ámbito
federal y no es cosa de echarlo a perder por un escándalo que pudo ser
acotado a tiempo. 2.- ACUERDOS. En tanto se acerca el cambio de gobierno, en Guanajuato capital el panorama luce cada vez más claro: el tema del parque El Orito, casi como una provocación, parece estar destinado a desaparecer por decisión de la actual administración. Evidentemente, hasta que se pueda consumar sin más el despojo de 14 hectáreas de sus terrenos. Hace ya más de diez días que el asunto es motivo de análisis en el Ayuntamiento capitalino, cuyos integrantes firmaron un documento en el que habrían estado de acuerdo por unanimidad en que esa extensión del predio se le ceda en custodia a la empresa inmobiliaria Jarab, con el fin de que sea protegido y reforestado con 40 mil arbolitos. El alcalde Juan Antonio Valdés Fonseca, desde entonces, dio por concluido el asunto. Mientras, otros ediles como Carlos Torres Ramírez se empeñan en hacer ver que el municipio no ha renunciado a sus responsabilidades ni trata de desprenderse de una propiedad de los ciudadanos, sino únicamente de un convenio de colaboración con un particular. Pasado el tiempo, sin embargo, es hora en que no se ha hecho público el convenio que el Ayuntamiento pretende firmar -o que acaso ya firmó- con la empresa inmobiliaria. El asunto, pues, a las sombras. Lo que quedan son confesiones como las del regidor Adrián Camacho Trejo Luna, en las que revela el inacabable interés por las cuestiones municipales del diputado electo y ex alcalde priista Arnulfo Vázquez Nieto, en quien Valdés Fonseca busca constantemente asesoría. Ahora nos enteramos, además, que Valdés Fonseca es uno de los candidatos más viables para ocupar la Contraloría Municipal en el gobierno de Eduardo Romero Hicks, versión no desmentida por el edil. Habremos de imaginar que porque acepta tal postulación, acaso porque así lo ha sugerido Vázquez Nieto. Así las cosas, cobra nueva vigencia aquella sospecha de que en las pasadas elecciones la alcaldía fue facturada a nombre del PAN, según se empeñan en recordar algunos priistas capitalinos inconformes con el caso de El Orito. Como quiera que sea, pasado el tiempo, parece que el ejemplo que dejó
el Ayuntamiento 2000-2003 presidido por Rafael Villagómez Mapes se trata
de imitar en la administración de Valdés Fonseca: dejar para el último
momento la aprobación de la entrega de más de 14 hectáreas del parque a
una empresa privada. Lo sucedido hasta ahora nos hace comprender que ese
es el camino que se recorre, pero ahora bajo la carátula de un acuerdo de
colaboración. 3.- COMPROMISO. No obstante que en nuestro estado se encuentra en franca retirada, para el PRD guanajuatense continúan las responsabilidades y obligaciones contraídas con su ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y, otra vez, vuelve a estar a prueba para responder a los llamados de mantener vivas las protestas contra el resultado de la contienda electoral. En principio, la dirigencia estatal encabezada por José Luis Barbosa Hernández ha asumido el compromiso de participar en la Convención Nacional Democrática, a la que ha convocado para el 16 de septiembre el político tabasqueño, con tres mil delegados de todo el estado. Y bueno, como a López Obrador nada se le discute, ahora Barbosa Hernández tendrá que ver de dónde salen los cerca de 800 mil pesos que costará el traslado y la alimentación de todos los perredistas que acepten acudir al zócalo de la ciudad de México. Para ello, el domingo en Irapuato se reunieron todos los ediles y diputados electos con Barbosa Hernández. El primer acuerdo al que llegaron fue no fallar en sus aportaciones al PRD, y luego convencer a sus compañeros de contribuir económicamente y sumarse al viaje a la capital del país. Las obligaciones que se le imponen a Barbosa Hernández no parecen
cualquier cosa. Más ahora que se comprobará qué tan convencidos están él
mismo y militantes como Carlos Scheffler Ramos, Juan Francisco Reyes
Millán, Martha Lucía Micher Camarena y Miguel Alonso Raya, en una lucha
como la emprendida por López Obrador que parece interminable y sin
futuro.
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