Yerba Mala |
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1.- TODOS PARA UNO. En el reciente atropello sufrido por los ciudadanos guanajuatenses, que viene a afectar al parque ecológico de El Orito, uno de los puntos que más llama la atención, en medio de una colección de cosas verdaderamente extrañas, es la unanimidad de los integrantes de un cabildo plural. Resulta notable esta uniformidad de criterios de quince ediles: el alcalde, dos síndicos y doce regidores. El acuerdo fue tan completo y sólido que ni siquiera hizo necesario discutir y apenas tardó unos minutos en agotar el trámite que cede la gestión de parte de la reserva protegida. Porque, en realidad, no se trata de otra cosa. La inmobiliaria Jarab no parece tener mucho interés en El Orito en general, sino sólo en aquellas zonas que se encuentran en la colindancia de sus predios, destinados a la construcción de un hotel, un spa y un campo de golf. El cercado es natural en esas circunstancias, no se trata sólo de impedir el paso del ganado, sino también de los extraños: bonitos se verían allí unos paseantes desarrapados en esta Arcadia de bolsillo. No es, desde luego, ni una inversión desdeñable ni un interés espurio. Por ello no se entiende que la autoridad municipal, el alcalde, los síndicos y regidores y el director jurídico del Ayuntamiento, hayan sido tan displicentes, tan torpes y tan ciegos de creer que podían operar a las escondidas, con lo que no hacen ningún favor al inversionista, sino todo lo contrario. ¿Qué hubiera costado que el tema se hiciera público, que la propuesta se conociera ampliamente y que la respuesta se hubiese dado después de haber escuchado opiniones diversas, tanto de los directamente interesados como de opinantes calificados, tanto técnica como socialmente hablando? ¿Fue el temor a que se armara un conflicto? Bien, pues al parecer eso ya lo lograron con la gran sospecha arrojada sobre la decisión de aprobar el convenio de colaboración con Jarab en unos cuantos días y bajo las condiciones dictadas por el mismo peticionario. Extraña que ningún regidor haya pedido ni siquiera mayores datos. Ni los combativos perredistas Sealtiel Ávalos y Rosa María González, capaces de largas marchas y de dormir en campamentos en el Zócalo de la ciudad de México defendiendo un fraude electoral inexistente, tuvieron aquí nada qué decir en defensa de la ciudad en la que viven. Tampoco el regidor wintilista Sergio Solís, tan amenazador en sus desplantes en contra del alcalde con licencia Arnulfo Vázquez Nieto, fue capaz de articular una postura que lo caracterizara frente a sus compañeros. Mucho menos los panistas Margarita Arenas, Carlos Barrera y Gerardo Trujillo, tan preocupados por el bien común, tuvieron una palabra para que se les explicara esta preeminencia del interés privado sobre el público. Quizá era mucho pedir que el joven regidor Adrián Camacho Trejo Luna, con su perfil de político fresco y arrojado, hubiera podido disentir de la línea general de su partido, extendida al resto del Cabildo, cuando fue siempre un leal soldado del ex alcalde Vázquez Nieto. O que se diera una mínima congruencia por parte del síndico Carlos Torres Ramírez, quien en una vida política anterior fungió como el alcalde interino que firmó el decreto de la declaratoria de zona natural protegida para El Orito; documento que también fue rubricado por el actual director jurídico Luis Pérez Velázquez como secretario del Ayuntamiento. Y que decir del alcalde, Juan Antonio Valdés Fonseca, un esforzado profesionista de integérrima vida profesional, ¿no hubiese sido congruente con su trayectoria y sano para la imagen que legará a sus conciudadanos ante la oportunidad histórica de haber regido la comuna, abordar el asunto con la seriedad que ameritan las posibles consecuencias? Nada de eso, por supuesto, ocurrió. La prisa lo invadió todo, la urgencia se convirtió en el criterio y, lo peor de todo, ni siquiera se puede conocer una razón para la prisa. Ayer varios de estos regidores con vocación de unanimidad daban sus razones y ninguna coincidía: "la prisa es por el informe", asentó con brillantez Sergio Solís Pérez; "se le dio rapidez porque no había pro-blema", dijo asertivamente Jaime Fonseca Aguilar; "no fue al vapor, lo importante es el fin", reflexionó sesudo Federico Lara Knapp; "no hay que hacer olas, Juan Andrés Rangel de Alba es un guanajuatense muy distinguido", enfatizó con pompa heráldica Carlos Barrera Auld. Con actitudes como ésta, el Ayuntamiento 2003 - 2006 pasará a la
historia, probablemente no como el que remodeló la fachada turística del
centro de la ciudad, sino como el que abrió la puerta a la privatización
de El Orito, una reserva ecológica que le donó a la ciudad el gobierno de
Vicente Fox en el año 2000 y que apenas duró un sexenio antes de iniciar
su desmembramiento. 2- SIGUE EL ATORÓN. Transcurridos tres meses y un día de que el Consejo Universitario aprobó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, fecha desde la cual se ordenó enviarlo al Poder Ejecutivo, es tiempo en que la iniciativa todavía no se le turna al Congreso del Estado. Algo ha sucedido en estos 91 días que el gobernador Juan Carlos Romero Hicks no ha podido poner a consideración de los legisladores una propuesta que intenta modificar las estructuras de la universidad. Luego del trabajo realizado por los consejeros universitarios y del esfuerzo desplegado por el rector Arturo Lara, el mandatario estatal pareció estar convencido de las bondades del proyecto. Y así lo manifestó hace unos días, cuando consultado al respecto se mostró confiado en que sería aprobado por la Cámara de Diputados antes de concluir el sexenio. Tal vez no sea así. Porque en el Congreso, por lo menos hasta ahora, es donde la iniciativa se ha encontrado con las mayores resistencias. Sobre todo entre los integrantes de la bancada del PAN, pues en los otros grupos parlamentarios el tema ni siquiera es motivo de discusión. Lo que preocupa a los legisladores panistas es el impacto que puede llegar a tener en las finanzas del próximo año, pues según cálculos de algunos funcionarios de la universidad, la reforma podría llegar a elevar el presupuesto de la institución en alrededor de un 20 por ciento. Es decir, de los poco más de 457 millones de pesos que el Congreso le autorizó a la UG para 2006, la cifra se incrementaría en alrededor de 90 millones para el siguiente año. Y eso es lo que menos quieren en el grupo parlamentario panista, contribuir a que la administración de Romero Hicks herede una importante carga financiera al gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez. Una visión que parece generalizarse, pues lo menos que pretenden es legislar y quedar mal con su futuro jefe. A todo esto, además, se le debe agregar otra cuestión: la LIX Legislatura está en su tramo final. La última sesión del pleno está programada para el jueves de la siguiente semana, en la que se resolverán reformas a otras leyes que no quieren dejar pendientes los legisladores. Cierto es que todavía se puede acordar un periodo extraordinario de sesiones, pero a partir del día 24 los diputados estarán ya dedicados a hacer las maletas y a preparar la junta para la instalación de la mesa directiva del próximo Congreso, que deberá llevarse a cabo exactamente un mes después, el 24 de septiembre. En pocas palabras, al gobernador Romero Hicks cada vez le queda menos tiempo para sacar adelante la reforma a la Universidad de Guanajuato, su alma mater.
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