Yerba Mala |
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1.- VIVIENDA Y SUBSIDIO. El tema de los apoyos municipales para la vivienda popular en el municipio de León, del cual afirmábamos hace unos días que se encuentra ingresando en una zona de crisis, acaba de mostrar otro episodio justo en esta semana. El presidente de la Cámara de la Vivienda en la entidad (Canadevi), Óscar Flores Pérez, fue puesto en evidencia a través de una filtración periodística, por haber solicitado un trato similar al que reciben las empresas integradoras Divsa y Pulsa, que son subsidiadas por el municipio de León para poder ofrecer una vivienda de mayor superficie a un precio accesible para quienes perciben debajo de dos salarios mínimos. El tema tiene varias aristas. En primer lugar resalta la torpeza de Flores Pérez, quien no obstante ejercer la representatividad de su gremio no tiene empacho en hacer una gestión casi clandestina en la que sólo demanda beneficios para su propia empresa. La actitud roza de manera muy cercana lo que técnicamente se conoce como tráfico de influencias. Sin embargo, más allá de esa evidente falta, se encuentra el hecho de que el documento fue suministrado desde las oficinas de la propia autoridad ante la que se realiza la gestión. Aunque el oficio se dirige al presidente municipal, Ricardo Alaniz, la interlocución directa es a través del director de vivienda del municipio, Roberto Centeno. La intención clarísima es la de ridiculizar la petición y debilitar el cada vez más extendido clamor de que los subsidios para vivienda popular se liberen y se otorguen a todos los constructores que cumplan con los requisitos que fije la autoridad, superando la monopolización ejercida hasta ahora. En ese sentido, el error cometido por el presidente de la Canadevi, al personalizar un reclamo que debería hacer a nombre de la organización que representa e interponiendo sus muy particulares intereses, constituye sin duda un tropiezo para el reclamo de abrir los subsidios. Los errores personales y los debilidades empresariales podrán retrasar el paso que ya se hace necesario para transparentar los apoyos oficiales a la vivienda popular, lo que sin duda parece ser del agrado de algunos funcionarios que reciben de esa opacidad un grado nada desdeñable de discrecionalidad, pero no podrán detenerlo de forma indefinida. La conversión de la política de subsidios en una medida general, fiscalizable y accesible a todos los empresarios del sector que muestren competencia, seriedad y cumplimiento de la normatividad que se establezca, se hace necesaria sobre todo por los pobres resultados de los programas de vivienda popular. En los últimos cuatro años, por lo menos, Guanajuato ha mostrado un alto déficit en la construcción de vivienda económica, de acuerdo a las metas trazadas por el Infonavit. De 2003 a lo que va del 2006, en cifras públicas que pueden consultarse en Internet, Guanajuato debió construir por lo menos 26 mil viviendas de estas características, mientras que en la realidad sólo se llegó a poco menos de 17 mil. La diferencia, cerca del cuarenta por ciento, representó para la entidad la pérdida de recursos por parte del propio Infonavit, aprobados y listos para usarse, por más de mil 500 millones de pesos. Se trata del equivalente al presupuesto de gasto de diez meses del municipio de León, el mayor del Estado. Es una cifra nada desdeñable. Que existan recursos frescos para construir casas baratas y que sean desaprovechados habla de varias carencias. Por una parte de la industria de la vivienda, que debe verse más imaginativa para abatir costos, ofrecer buenos productos y atender a un mercado que en este momento se abre como el de mayores posibilidades de crecimiento. Pero, por otra parte, también habla de las limitaciones que han ostentado los programas gubernamentales de apoyo a la construcción y adquisición de vivienda para los sectores de menores ingresos, así como del fracaso en incrementar las reservas territoriales y aplicar los subsidios. Aquí comparten responsabilidades tanto el Instituto de Vivienda del
Estado, cuyo titular, Juan Carlos Delgado Zárate, promueve su conversión
en secretaría de estado aprovechando su cercanía con el gobernador electo;
como los institutos municipales del ramo que no acaban de dar el estirón.
Será un tema, sin duda, en el que deben meditar a fondo quienes se
encuentran a punto de asumir la responsabilidad de gobierno en ambos
niveles de la administración. 2.- CON DEDICATORIA. Por múltiples razones, puede considerarse impropio que quien encabeza el Ejecutivo demerite el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato elaborado por los miembros del Consejo Universitario. Y más por la forma en que se hace, con la afirmación de que la designación del rector puede recaer en cualquier persona, como ocurre en toda institución que se tome por moderna. Tal es el argumento que utilizó ayer el gobernador Juan Carlos Romero Hicks para justificar su decisión de modificar el texto resultante de una discusión que se alargó por alrededor de tres meses y que involucró prácticamente a toda la comunidad universitaria. Para nombrar rector, el Consejo Universitario estableció como requisito a los aspirantes al puesto el de no desempeñar cargo de dirección gubernamental ni de partido político, o haberlo desempeñado por lo menos dos años antes de su designación, según el Artículo 18, fracción III, de su proyecto de reforma. Además, en la fracción IV exige no desempeñar ni ser candidato a ningún cargo de elección popular, directa o indirecta -o haberlo sido cuando menos dos años antes de su designación- ni ser ministro de algún culto religioso. Pero el gobernador le enmienda la plana a los consejeros de la UG. Dice que en cualquier universidad seria del mundo, quien aspira al cargo de rector puede ser prácticamente cualquier persona, sea o no de la propia comunidad. Así es que de un plumazo elimina la fracción III y mutila la IV, que deja como única condición la de no desempeñar ni ser candidato a ningún cargo de elección popular, directa o indirecta, y abre la puerta a los ministros religiosos. Parece que no nada más se trata de una confrontación burocrática entre
el titular del Ejecutivo y las autoridades universitarias, pues Romero
Hicks se corrige a sí mismo cuando como rector en 1994 impulsó la Ley
Orgánica vigente hasta el momento, en la que se reconoce la autonomía de
la UG y se impide el acceso a la rectoría de los representantes de las
iglesias. Y todo, en un solo trámite. 3- PENSARLO DOS VECES. Acaso porque se llegó a la conclusión de que no era posible ir más allá, en la decisión anunciada ayer por Juan Antonio Valdés Fonseca, alcalde de Guanajuato capital, lo que privó fue la prudencia: la actual administración no firmará el convenio para ceder a la iniciativa privada el cuidado y reforestación de 14 hectáreas del parque El Orito. El acuerdo en fast track al que llegaron los miembros del Ayuntamiento hace unos días, sin embargo, permanece. Aunque la decisión de ratificarlo o no se pospone, responsabilidad que recae ahora en el gobierno municipal que entrará en funciones en octubre próximo. Se abre entonces un saludable compás de espera. Ahora se tiene tiempo para un debate en el que participen especialistas, grupos ambientalistas, la asociación de amigos del parque -que tendrá oportunidad de lograr su regularización-, instituciones como la UG, ciudadanos, la iniciativa privada y por supuesto las autoridades. Estamos ante la posibilidad de, sin exclusiones, iniciar la discusión sobre la conveniencia o no de la alternativa planteada por el actual Ayuntamiento, la presión que ejerce el crecimiento de la ciudad contra nuestro entorno y la protección no sólo del parque El Orito, sino de otras áreas naturales que podrían estar en riesgo. La cancelación de la firma del convenio también nos enseña que ninguna
autoridad puede ni debe firmar compromisos a unos días de concluir su
mandato y está imposibilitada de hacerse responsable de actos que tendrán
consecuencias al largo plazo, a los 15 o 30 años. Sean casos como el de El
Orito o cualquier otro.
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